Iniciaron debates en el Fuerte Conopoima de San Juan de los Morros
*** “En total existen aproximadamente 150 casos en todo el país que tienen suficientes indicios para abrir procesos judiciales, según hechos ocurridos en los años 1958-1998 por causas políticas” ***
SiBCI Guárico
María Vargas/ Fotos: Eleazar Reyes
Representantes de la comisión nacional por la Justicia y la Verdad, investiga 10 casos de presuntos abusos de violaciones de derechos humanos acaecidos en el transcurso de los años 1958 - 1998 en el estado Guárico por causas políticas.
Así lo informó el abogado Ignacio Ramírez Romero, quien funge como asesor jurídico de mencionada comisión, durante vista realizada en la 43 Brigada de Artillería, específicamente en el Fuerte Conopoima, donde sostuvo una reunión de trabajo con efectivos militares de la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI) y Región de Defensa Integral Los Llanos (REDI), a fin de compartir y debatir los alcances de la ley, su contenido, carácter histórico político, y antecedentes importantes que dieron nacimiento a este instrumento legal.
Esta comisión de Justicia por la Verdad se encuentra desplegada en diferentes estados del país, realizando investigaciones respectivas, con el apoyo de la colectividad, para derrotar 40 años de crímenes políticos e impunidad. La misma, esta presidida por la Fiscala General, Dra. Luisa Ortega, comprendida en la ley que fue promulgada por el presidente eterno Hugo Chávez, el 15 de noviembre del 2011 y posteriormente publicada en gaceta oficial N.- 40. 119 del 27 de febrero de 2013, para sancionar los crímenes, torturas y violaciones acontecidos durante esos años. 
Ramírez, manifestó que según las investigaciones, el número de desaparecidos asciende aproximadamente a 3 mil personas de diferentes partes del país, maltratadas, asesinadas y detenidas de manera arbitraria, tomando en cuenta que algunos eran campesinos. Por ello, esta comisión adelanta las acciones de trabajo, estableciendo estrategias como la investigación en los expedientes tanto en tribunales militares como inteligencia militar y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), logrando obtener resultados importantes que serán anunciados por la Dra. Luisa Ortega Díaz.
En particular, lo que respecta al estado Guárico, uno de los casos emblemáticos es del dirigente político Víctor Soto Rojas, quien fue lanzado desde un helicóptero… “aún estamos en proceso de investigación. Sin embargo, es preciso destacar el trabajo desempeñado por el Ministerio Público a través de la dirección de derechos humanos, donde se han alcanzado algunas precisiones que permitirán identificar los autores de estos hechos”, puntualizó el consultor jurídico.
También, señaló que esta comisión no tiene como propósito vengar muertes, resaltó que no se esta persiguiendo a nadie en particular, el propósito es reconstruir la memoria histórica de muchas personas que fueron asesinadas de manera injusta por causas políticas.
Aldemaro Barrios, representante de la subcomisión, destacó que otro ámbito importante dentro de la comisión es la memoria histórica, por ello, también se realizó un conversatorio con los colectivos de San Juan de los Morros, quienes representan el fruto de lucha de estas acciones que buscan investigar hechos, causas y consecuencias, de unas políticas de terrorismo de estado, que llenaron de luto, terror y miedo a miles familias venezolanas, cuyos miembros fueron victimas de persecuciones, asesinatos, desapariciones y torturas.
Tal es el caso del Teniente Nicolás Hurtado Barrios, oriundo de Calabozo, municipio Francisco de Miranda, donde hubo violación de derechos humanos, situación que fue sometida a severos tratamientos y que están en su debido proceso.
Tras el término del debate denominado “Justicia y Paz”, la autoridad exhortó a los colectivos a efectuar las denuncias e investigaciones realizadas, correspondientes a estos casos, a través de la página web www.comisiónporlaverdad.org.ve.
Por su parte, el General de Brigada, Irwin Ascanio, comandante de la 43 Brigada de Artillería y ZODI Guárico, explicó que en esta actividad participaron efectivos militares tanto de las unidades como de la REDI, atendiendo los programas establecidos a través de las políticas revolucionarias en relación a los casos acontecidos entre los años 1958 y 1998 y que están siendo debidamente investigados por autoridades militares y la comisión nacional por la Justicia y la Verdad.
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