EFE
El Gobierno de Cuba acordó flexibilizar la venta minorista de vehículos nuevos y usados al eliminar el permiso estatal que los particulares necesitaban para la compra en las empresas comercializadoras autorizadas, informaron medios oficiales.
La medida, aprobada este miércoles por el Consejo de Ministros, "libera la venta minorista de motos, autos, paneles, camionetas y microbuses, nuevos y de segunda mano, para las personas naturales cubanas y extranjeras residentes en el país, así como para las personas jurídicas extranjeras y el cuerpo diplomático".
Las nuevas regulaciones para la importación y comercialización de vehículos serán publicadas en la Gaceta Oficial próximamente, pero el diario Granma adelantó hoy que la "venta liberada se irá implementando de manera gradual y paulatina" en la red minorista, controlada por el Estado.
En 2011 un decreto gubernamental puso fin a medio siglo de prohibiciones y límites para las transacciones de vehículos al autorizar a los cubanos y extranjeros residentes en la isla la compra y venta de automóviles a título particular.
No obstante, aquella medida mantuvo la restricción para que los cubanos compraran automóviles totalmente nuevos en entidades comercializadoras, y el Gobierno siguió controlando esas adquisiciones mediante un permiso otorgado por el Ministerio de Transporte a ciudadanos específicos.
Granma, portavoz del gobernante Partido Comunista de Cuba (único), reconoció hoy que la venta mediante ese permiso -conocido como "carta de autorización"- ha resultado "inadecuada y obsoleta", y añadió que ese mecanismo "burocrático" se convirtió en una fuente de "especulación y enriquecimiento".
Un 30 % de las ventas del Estado mediante ese mecanismo en 2012 terminaron con un cambio de propietario poco después de registrado el vehículo, lo cual apunta a que el procedimiento "motivó que algunas personas se sirvieran de él para obtener ingresos adicionales".
"Se ha podido comprobar, además, que a través de internet se realizaban ventas de las referidas cartas incluso antes de comprar el vehículo", agregó el diario.
La medida, que contemplará con prioridad a quienes ya tenían esas "cartas de autorización", establece que los precios minoristas que fijará el Estado serán "semejantes" a los del mercado entre particulares, que se mueve con abultadas tarifas precisamente debido a las restricciones existentes.
"Con el ingreso recaudado se creará un fondo destinado especialmente al desarrollo del transporte público en todo el país", subrayó el periódico.
Por otra parte, la normativa permite la compraventa de motores de combustión interna y carrocerías entre particulares, y precisa que "deberá garantizarse la disponibilidad de baterías, neumáticos, accesorios y piezas de repuesto" a precios "sin carácter recaudatorio".
En 2011 un decreto gubernamental puso fin a medio siglo de prohibiciones y límites para las transacciones de vehículos al autorizar a los cubanos y extranjeros residentes en la isla la compra y venta de automóviles a título particular.
No obstante, aquella medida mantuvo la restricción para que los cubanos compraran automóviles totalmente nuevos en entidades comercializadoras, y el Gobierno siguió controlando esas adquisiciones mediante un permiso otorgado por el Ministerio de Transporte a ciudadanos específicos.
Granma, portavoz del gobernante Partido Comunista de Cuba (único), reconoció hoy que la venta mediante ese permiso -conocido como "carta de autorización"- ha resultado "inadecuada y obsoleta", y añadió que ese mecanismo "burocrático" se convirtió en una fuente de "especulación y enriquecimiento".
Un 30 % de las ventas del Estado mediante ese mecanismo en 2012 terminaron con un cambio de propietario poco después de registrado el vehículo, lo cual apunta a que el procedimiento "motivó que algunas personas se sirvieran de él para obtener ingresos adicionales".
"Se ha podido comprobar, además, que a través de internet se realizaban ventas de las referidas cartas incluso antes de comprar el vehículo", agregó el diario.
La medida, que contemplará con prioridad a quienes ya tenían esas "cartas de autorización", establece que los precios minoristas que fijará el Estado serán "semejantes" a los del mercado entre particulares, que se mueve con abultadas tarifas precisamente debido a las restricciones existentes.
"Con el ingreso recaudado se creará un fondo destinado especialmente al desarrollo del transporte público en todo el país", subrayó el periódico.
Por otra parte, la normativa permite la compraventa de motores de combustión interna y carrocerías entre particulares, y precisa que "deberá garantizarse la disponibilidad de baterías, neumáticos, accesorios y piezas de repuesto" a precios "sin carácter recaudatorio".
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