Alfredo Meza / Caracas /El País de España
Esa última frase fue quizá de las más esperadas de la noche. Mientras avanzaba en su copioso recuento –otro modo de homenajear a su fallecido antecesor, que estuvo hablando sin parar en 2012 en el mismo escenario durante nueve horas- parecía haberse diluido entre el alto Gobierno el efecto generado con el asesinato de la actriz Mónica Spear y su exesposo. Maduro ha pedido a su ministra de Comunicación de Información, Delcy Rodríguez, la revisión a fondo de la programación de los canales que se ven en Venezuela. El Gobierno explica una parte importante del incremento de la violencia criminal del país con la oferta televisiva. Esa instrucción precedió una promesa con la cual Maduro comprometió su empeño. “Este año será el comienzo de un plan de pacificación social. Hay que reconstruir a Venezuela desde los valores sagrados de la paz y el respeto a la vida”.
El 4 de febrero, cuando se conmemoren 22 años de la intentona golpista que dio a conocer a Hugo Chávez, el vicepresidente del área social, Héctor Rodríguez, y el vicepresidente ejecutivo, Jorge Arreaza, deberán presentar al Presidente un plan concreto para reducir los índices de criminalidad. Se trata de una oferta que busca revertir el varapalo recibido por el Gobierno como consecuencia del homicidio de Spear. La matriz de opinión más extendida sugiere que la inseguridad se ha incrementado en el país en virtud de la cesión del principio de autoridad.
Fueron los anuncios económicos, sin embargo, los que coparon el mayor interés de los venezolanos. Hasta este miércoles el gobierno no había autorizado a los particulares el uso de las tarjetas de crédito locales para comprar a través de la web. En un país tan consumista como Venezuela el asunto ha tomado visos de preocupación. Se esperaba entonces el anuncio de una devaluación que finalmente no llegó. O llegó de forma encubierta, de acuerdo con el parecer de algunos economistas que comentaban la intervención de Maduro a través de las redes sociales. La Comisión de Administración de Divisas (Cadivi) ha sido eliminada. Todo el trabajo de asignar dólares subvencionados por el Estado será asumido por el Centro Nacional de Comercio Exterior, que será presidido por Alejandro Fleming. El dólar oficial, de 6.30 bolívares por dólar, será mantenido al menos por este año.
El gobierno piensa fortalecer el Sicad, un segundo mecanismo creado en 2013 para asignar dólares, a través del cual se convocan a subastas semanales a sectores específicos de la economía por un monto que generalmente ronda los 100 millones de dólares. La tasa de cambio en esa modalidad es casi el doble de la oficial, 11.30 Bs por dólar. Los analistas consideran que al fortalecer el Sicad el gobierno ha hecho una devaluación implícita porque liquidará la mayoría de las importaciones a esta última tasa.
No fue el único cambio crucial para entender hacia dónde marcha la economía local. Maduro anunció además la fusión de los ministerios de la Banca Pública y de Economía. El gran damnificado es el pragmático ministro de Finanzas Nelson Merentes, quien volverá a presidir el Banco Central de Venezuela. En los primeros meses del nuevo gobierno Merentes fue partidario de flexibilizar el control cambiario, convocó al diálogo al empresariado y prometió que serían atendidas sus solicitudes de divisas preferenciales. Parecía ganarle la mano a uno de los ideólogos de la política económica chavista, el titular de Planificación Jorge Giordani. Al final la influencia de Giordani en el gabinete ha podido más. Proseguirán las importaciones para el Estado a la tasa de 6.30 Bolívares por dólar, habrá un control férreo de las importaciones del sector privado y una mayor impresión de dinero sin respaldo. Maduro pareció reivindicarlo al mencionarlo en dos pasajes de su discurso y al citar sus trabajos académicos. Giordani sonreía. “Se equivocaron los enemigos del gigante [uno de los tantos eufemismos usados para llamar a Chávez]. La revolución bolivariana no desapareció con su muerte”, agregó.
La mención a Chávez fue casi una constante, pero Maduro tampoco perdió la ocasión para mandar otros mensajes que revelan las contradicciones al interior del movimiento que lidera. En un inciso criticó a la ultraizquierda que hace vida dentro del proyecto bolivariano, que considera que el Presidente ha adoptado una corriente restauradora, lejana del socialismo ideado por Chávez. “Los dogmas solo han servido para infringir derrotas al movimiento popular”, dijo el gobernante en respuesta a esos señalamientos. Pareció una clara alusión al colectivo Grano de Maíz que ha denunciado la falsificación del “Plan de la Patria”, el último plan de gobierno redactado por el comandante presidente antes de ganar las elecciones de 2012. Tal vez estas críticas internas demuestren las amplias interpretaciones que tiene el legado del líder. Por un lado Maduro anuncia que no entregará más dólares a empresas fantasmas; por el otro también está consciente de que es imposible ser tan riguroso y que alguna que otro importador terminará recibiendo divisas subsidiadas para luego revenderlas en el mercado negro. En los próximos meses podría pagar un alto costo político si mantiene la obsesión de centralizar todas las importaciones y sustituye la labor que cumplía el sector privado.
La ofensiva económica –la fiscalización y eventual confiscación de mercancías para rematarlas a precios fijados por el Gobierno– continuará en los próximos meses. El comercio deberá ajustar los márgenes de ganancias. Para ello podrá echar mano de una Ley de Precios Justos, que aprobará con los poderes legislativos recibidos del Parlamento, y que establecerá un tope de 30% en las ganancias; de una superintendencia de precios justos y de los fiscales que contratará el Estado para vigilar hasta el último palmo del país. “Tengan la seguridad de que los fiscalizaremos a todos tarde o temprano”, vaticinó el Presidente.
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