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| (Foto: AFP) |
El Vaticano ha afirmado esta mañana en la ONU que no existe excusa posible a los casos de explotación y violencia contra niños, al tiempo que enfatizó que existen responsables de abusos "en todas las profesiones, incluso entre miembros del clero y personal de la iglesia". "Se encuentran abusadores entre los miembros de las profesiones más respetadas del mundo y, más lamentablemente, incluso entre miembros del clero y otro personal de la iglesia", dijo monseñor Silvano Tomasi, representante de la Santa Sede ante Naciones Unidas en Ginebra.
Tomasi inicio la presentación del Vaticano ante el Comité de la ONU de Derechos del Niño, en lo que representa la primera oportunidad en la que la jerarquía de la Iglesia Católica participa en un escrutinio público de una organización internacional centrado en los abusos sexuales de menores cometidos por sacerdotes en todo el mundo. La comparecencia del arzobispo Tomasi es histórica ya que, hasta el momento, ningún organismo internacional se había atrevido a cuestionar a la Santa Sede. Organizaciones y víctimas estadounidenses, europeas y mexicanas han aprovechado la ocasión para hacer llegar al Comité de los Derechos del Niño en Ginebra informes con sus denuncias y numerosos casos de pederastia documentados.
El jefe de la delegación enviada por el Vaticano ha reconocido que la cuestión de los abusos contra niños es particularmente grave cuando se trata de personas que gozan de una gran confianza y están llamadas a proteger todos los elementos de la persona, incluida su salud física, emocional y espiritual. "Esta relación de confianza es crítica y requiere de un gran sentido de responsabilidad y respeto hacia la persona que se sirve", ha dicho Tomasi. "El Vaticano ha delineado políticas y procedimientos para ayudar a eliminar tales abusos y colaborar con las autoridades estatales respectivas para luchar contra este delito", ha añadido.
Frente a los casos comprobados de abusos sexuales de menores bajo custodia o influencia de clérigos, la posición de las autoridades de la Iglesia ha sido que, cuando se comprueba la comisión de un crimen, éste debe ser castigado aplicando las leyes del Estado donde ha ocurrido. Durante su comparecencia, Tomasi ha asegurado que la Santa Sede "está comprometida a escuchar cuidadosamente a las víctima de abuso y a abordar el impacto de tales situaciones en los supervivientes y sus familias".
Tras la presentación introductoria de Tomasi, varios expertos del comité han formulado preguntas a la delegación del Vaticano, como si se han adoptado mecanismos para investigar y sancionar de forma efectiva a los culpables de abusos dentro de la Iglesia, y sobre los programas de seguridad que se han implementado. Asimismo, se han pedido aclaraciones acerca de la posición de la Santa Sede sobre cómo garantizar "el interés superior del niño" frente a cualquier otra consideración, y las medidas de "reparación física y psicológica" en favor de las víctimas.
El camino hasta la cita de hoy en Ginebra comenzó en 1990 cuando la Santa Sede firmó como Estado la Convención sobre los Derechos del Niño. El tratado obliga a todos los firmantes a presentar informes quinquenales sobre el cumplimiento de los artículos en sus países. El Vaticano no cumplió. Solo entregó un primer informe en 1995 y no volvió a hacer otro hasta 2011, cuando los escándalos de pederastia ya habían golpeado de frente a la institución. En todo el documento no había una sola mención a los abusos sexuales.
El Comité de los Derechos del Niño aprovechó el pasado julio la entrega atrasada del informe para cuestionar a la Iglesia por primera vez en la historia. Solicitó, entre otras cosas, “información detallada de todos los casos de abusos sexuales cometidos por clérigos, monjes y monjas o puestos en conocimiento de la Santa Sede”. El Vaticano, en su respuesta, conocida a principios del pasado mes de diciembre, no cita casos concretos y alega que la investigación corresponde a los países en los que se cometen los delitos. “Cuando la Santa Sede accedió a ratificar el tratado, no lo hizo en nombre de todos los católicos del mundo. Cada miembro de la Iglesia Católica está sujeto a las leyes del país en el que vive”, dice el documento.
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